Uno de los efectos positivos de la calamidad de la pandemia y de su impacto en la economía es el redescubrimiento de la necesidad e importancia del gobierno, que es el único agente social con la capacidad de organizar a la sociedad para enfrentar un problema público letal, y regular las conductas de la población a través de recomendaciones y prohibiciones, y que además dispone de un aparato coactivo para hacerlas efectivas, y de un sistema administrativo para atender a los ciudadanos afectados en su salud, empleo, ingresos, proyectos de vida.

Redescubrir la importancia del gobierno no equivale a que su dirección sea efectiva. La exigencia de efectividad directiva del gobierno se ha replanteado con fuerza en la emergencia sanitaria y ante el desplome económico. Requerimos sin duda un centro de gobierno en la crisis y en la vida normal, pero uno que tenga la capacidad de gobernar con efectividad y controlar los problemas perjudiciales. No es casual que en numerosos países la pandemia haya evidenciado las deficiencias, insuficiencias y ambigüedades de los gobiernos, y haya agudizado la crítica social.

Frente a la enfermedad y las muertes por COVID-19 en el país, dos factores han disminuido el rendimiento de nuestros gobiernos: 1) la pandemia es una realidad transterritorial que traspasa las fronteras de los estados nacionales y la demarcación de los estados y municipios, rebasa las atribuciones, facultades y recursos de los gobiernos territoriales particulares y, por ello, exige concurrencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad entre los gobiernos, y entre estos y los ciudadanos; sin embargo, 2) hubo desconexión y hasta confrontación entre la autoridad federal y los gobernadores en varios asuntos relacionados con la información sobre el desarrollo de la infección, las fechas de inicio del confinamiento, el equipamiento del personal sanitario en los hospitales, la aplicación de pruebas, los criterios para definir el comportamiento de la infección (los semáforos) y, particularmente, la distribución de los recursos públicos entre los gobiernos estatales para atender las necesidades y problemas de su ciudadanía. Prescindo de abordar las discrepancias y disconformidades que se han presentado entre el Gobierno Federal y los estatales acerca de la política de reactivación económica.

Muchos tenemos la impresión de que el Gobierno Federal presidencial, de acuerdo a su acostumbrada visión jerárquica y uniforme de la unidad nacional, no tomó en consideración las diferencias y disparidades sanitarias, económicas, demográficas y aun políticas de las regiones, y pretendió aplicar sin acuerdos un esquema de tratamiento igual para toda la nación, exigiendo subordinación de gobernadores y sociedades locales. La inconexión decisional de los gobiernos puso de manifiesto que es necesario actualizar el funcionamiento y la dirección del sistema de salud en el marco constitucional de una república federal renovada, que es la configuración institucional acorde con la pluralidad política y la diferenciación económica y cultural de las sociedades que integran México. La cuestión federal resurge en numerosos campos de la vida nacional. Un tiempo nuevo.

Hay que avanzar con correcciones y mejoras en la federalización del Sistema Nacional de Salud, que para la efectividad y calidad de sus importantes servicios requiere iniciativas intergubernamentales funcionales y asociadas en vez de la autonomía del Gobierno Federal y su mando, así como actividades asociadas entre la autoridad sanitaria, los agentes de la salud pública, los centros de investigación médica, las escuelas de medicina, las familias, las organizaciones sociales, las empresas farmacéuticas, etc. Lo que se ha dicho para el ámbito de la salud pública es mucho más necesario y determinante en el terreno de la economía nacional, que para reactivarse requiere los recursos del sector privado y no solo los del sector público. La desconexión entre el Gobierno y la sociedad económica por desavenencias que generan desconfianza no crea la plataforma que se requiere para relanzar la producción, el comercio, el empleo, el bienestar y la seguridad social de Jalisco y de México.