Sin embargo, este concepto tiene dimensiones que van más allá de lo tangible o incluso de lo que es visible. Más que habitarla, la ciudad se estudia, se construye y se disfruta desde y para lo que se es común.

Pese a que la primera referencia que pueda hacerse de la ciudad sea la habitabilidad que tiene, la ciudad es un mosaico de actividades, disciplinas y culturas; un híbrido de lo que es político, de lo que es común y de lo que de diferentes formas afecta a la población que la habita.

Para Lewis Mumford, la ciudad es el lugar donde los rayos luminosos, pero divergentes de la vida, se unen formando un haz más eficiente y más rico en significado social; para Mumford, la ciudad representa la forma y el símbolo de una relación social integrada (Martínez, s.f.). Ahora bien, en voz de Cruz Petit (2014), la ciudad es, sobre todo, un reflejo de las dinámicas sociales:

• La ciudad puede entenderse como la mayor obra de arte creada por el ser humano. Tal es su importancia que, según lo anota Castells (2004), ningún tipo de civilización –en mayor o menor medida– ha podido escapar de ella; no es otra cosa que causa y consecuencia de la civilización en todas sus manifestaciones (Correa, 2010, p. 131).

Aterrizando las dos ideas previas en torno a la concepción de la ciudad, habremos de posicionarla entonces como el híbrido de actividades sociales, políticas, culturales, laborales, recreativas, y en general todas aquellas que le son inherentes al ser humano para vivir en colectividad. La ciudad no solo es el espacio en el que estamos, sino también el espacio donde somos. Tierra, voz y disfrute, las calles gritan mientras los edificios claman, entre ellos la protesta del día a día y en el eco de esta, el bullicio de una civilización que no para.

Una vez que se ha reflexionado un poco en que la ciudad no puede ser vista estrictamente como el espacio físico, sino como un conjunto de diversas actividades intangibles, pero necesarias, demos paso a la exposición y breve análisis de la regularización de todo aquel bien real y personal, de aquellos bienes muebles e inmuebles que convergen en el espacio público, de aquellos servicios que nos son básicos y necesarios para el día a día, pero sobre todo, de aquella regulación que permite la convivencia humana a partir de la dignificación del ser, hablemos un poco del “derecho a la ciudad”.

Existen derechos y libertades que tienen la finalidad de reconocer y garantizar la valía misma que tiene el ser humano, tanto en un plano personal como en escenarios colectivos. Y el derecho a la ciudad es precisamente un conjunto de derechos y libertades que de forma interdependiente advierten las dinámicas y menesteres que requiere el ser humano para vivir en colectividad.

Para Lucas Correa (2010), el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que se presenta desde tres facetas necesarias: 1) el usufructo equitativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer a sus habitantes, 2) el mandato de construcción colectiva y participativa de los asuntos de ciudad, y 3) el goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos (Correa, 2010). Estos aspectos que refiere el autor como las tres vertientes del derecho a la ciudad, serán referidos cuando se aborden las diferentes obligaciones, estructura y encomiendas que guarda el Ayuntamiento para la garantía de este derecho y de todos los derechos correlacionados entre sí.

Es este autor quien señala que el derecho a la ciudad es un derecho del cual son titulares los ciudadanos “ampliamente considerados”, un derecho del cual es responsable la autoridad pública de determinada ciudad, no obstante, “dada su naturaleza compleja, se hace necesario un sistema de corresponsabilidades para hacerlo efectivo” (Correa, 2010).

En una primera crítica a esa visión, el derecho a la ciudad no solo le atañe a la ciudadanía plenamente considerada, sino a toda persona que habite en la ciudad, sea ciudadana del lugar donde reside o solo habitante; es decir, toda persona que de manera regular resida en un lugar determinado (ciudad, municipalidad, pueblo, etc.) formará parte de las sinergias de ese sitio, por tanto, directa o indirectamente, estará participando de la apropiación colectiva que representa lo común. La persona podrá ser nacional o extranjera, vivir en la regularidad o irregularidad migratoria, pertenecer a la cultura, culto religioso o profesar la creencia que mejor le apetezca; todas y cada una de las personas que formen parte un lugar determinado, son partícipes y receptoras de este derecho y lo que él con lleva.

En una idea complementaria, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el derecho a la ciudad es el derecho reconocido a todas y todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, los cuales son definidos como bienes comunes para una vida digna (ONU-Hábitat, 2020).

Esta última es una concepción más garante y amplia en términos del alcance a todas las personas que de cierta forma utilizan, ocupan, habitan o generan alguna actividad de producción o rentabilidad que afecta a la ciudad.

• El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004).

Un aspecto en el que se coincide es en el usufructo colectivo, la ciudad le pertenece a las personas que la habitan, al clamor del día a día que caracteriza y da vida a espacios públicos y privados que la conforman, al trascendente e inevitable coincidir de lo común, y esto confiere legitimidad para vivir costumbres, tradiciones y en general para expresar el mosaico folclórico de la cultura, pero también de lo que se construye, de los procesos y las transiciones que demandan las sinergias rápidas y constantes del vivir. Y a las regulaciones de todo eso cotidiano, le corresponde al Estado a través de sus instituciones, darle forma y darle vida para que todo fluya idealmente en tranquilidad y respeto.

Lefébvre (1968), reconoce el derecho a la ciudad, en su obra Derecho a la Ciudad, como a la vida urbana renovada (Correa, 2010, p. 135), la cual trae consigo también aspectos que, para el análisis, habremos solo de mencionar y sugerir como aspectos no favorables, o bien, situaciones que de alguna forma han abonado a la producción, pero perjudicado a la estabilidad sobre todo ambiental.

De acuerdo con diversos autores, las “fórmulas neoliberales” han agravado la concepción construida del derecho a la ciudad. “Los recortes materiales de los derechos laborales y de los derechos sociales urbanos han comportado la reconfiguración decisiva del espacio público y de las condiciones de acceso al mismo, así como intensos procesos de especulación y de segregación espacial” (Alvarado-Alegría, 2014, p. 4). Y aunque esto conllevaría un análisis más complejo respecto de los impactos sociales, ambientales y políticos que esto ha tenido, es parte de lo que ha generado problemas de seguridad, desplazamiento interno, hacinamientos, precarización y contaminación; para efectos del presente análisis, nos enfocaremos en otros menesteres, como en el deber garante que tiene el Estado en el derecho a la ciudad; sin embargo, para comprender los retos que implican esas garantías, se deben tener presentes estas fórmulas neoliberales que sugiere Alvarado-Alegría.

Para referir esas garantías y derechos convergentes en el derecho a la ciudad y visto esto desde la planeación urbana, desde la infraestructura y desde las relaciones sociales, se reconoce el derecho a la ciudad desde la interrelación e interdependencia de otros derechos humanos tales como: 1) derecho a la vida, 2) derecho a la seguridad, 3) derecho a la salud, 4) derecho a un medio ambiente sano, 5) derecho a la educación , 6) derecho al trabajo, 7) derecho al agua, 8) derecho a la recreación, 9) derecho a la vivienda digna y decorosa, 10) derecho al libre tránsito, 11) derecho a la libertad de expresión, 12) derecho de reunión, 13) derecho a participar en los asuntos públicos; por citar algunos ejemplos del vínculo de derechos que se observan bajo este precepto.

Junto con esos derechos, se traen aparejadas una serie de obligaciones que le competen a las facultades conferidas al poder público, al Estado, quien en las esferas de los niveles de gobierno, encara de una manera más directa e inmediata la municipalidad.

Aterrizando esta labor a la protección de lo común, citaremos en primera cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con el contexto del objetivo 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas denominadas urbanas. De acuerdo con esta Agenda, en 2050 esa cifra habrá aumentado a 6,500 millones de personas, lo que equivale a dos tercios actuales de la humanidad (PNUD, s.f.). Por lo anterior, la ONU ha instado desde la creación e inmediata pero paulatina implementación de la Agenda 2030 que se construyan y administren los espacios urbanos de una forma que se logre coexistir de manera respetuosa con el medio ambiente.

• Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas vedes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva (PNUD, s.f.).

El primer eje estratégico del “Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 2018-2021”, en su primer eje estratégico demarca la gestión sostenible de la ciudad. Abordando las acciones a implementar para hacer del municipio una ciudad “cercana, compacta, conectada, equitativa y coordinada” con el resto de los municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara. Asimismo, otros ejes dentro de este plan, contemplan derechos que, tal y como se señaló anteriormente, le son interdependientes al derecho a la ciudad (Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza de Tlajomulco 2018-2021).

Tal es el caso del desarrollo sustentable de la ciudad, ubicado dentro del tercer eje del plan, el cual deja de manifiesto que se procura una política pública integral para consolidar a Tlajomulco como parte de una ciudad sustentable y resiliente a través de acciones sustentables fortalecidas para impactar en los demás municipios metropolitanos (Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza de Tlajomulco 2018- 2021).

¿Cómo garantiza el Estado, a través del municipio, el derecho a la ciudad? ¿Cómo aterrizar el abordaje de la agenda universal para el desarrollo desde un ayuntamiento? ¿Cuáles son las sinergias y la operatividad garante de los derechos interdependientes del derecho a la ciudad?

Las respuestas para esto parecerían complejas y de dimensiones quizá más abstractas, pero se parte desde el “deber ser” las respuestas son concretas y más sencillas, pues basta con analizar la organización del Estado, la organización del municipio a través de sus diferentes áreas e instituciones para visualizar la obligación garante que tiene respecto de los derechos y servicios para las y los habitantes. Es un híbrido, entonces, entre el derecho positivo (reconocido en la norma) y la operatividad de la garantía de estos derechos a través de procesos predominantemente administrativos.

Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), hasta el Reglamento de la Administración Pública Municipal en específico, el Estado –a través del Ayuntamiento– tiene obligaciones concretas en torno al derecho a la ciudad.

En el ámbito de sus respectivas competencias, todas las autoridades deben procurar el respeto, la promoción, la protección y la garantía de los derechos humanos de todas las personas (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, art. 1); derechos que, como ya se observó anteriormente, incluyen una diversa gama de derechos humanos dentro de la interdependencia de lo que se entiende como el derecho a la ciudad.

Ahora bien, por lo que ve la infraestructura y servicios básicos presentes dentro de la garante tarea del derecho a la ciudad, el municipio cuenta constitucionalmente con el encargo de funciones y servicios públicos tales como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición de aguas residuales, alumbrado público; recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos urbanos. Servicios de panteones, rastros, calles, parques y jardines; así como la seguridad pública (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, art. 115).

La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco (2001) en sus artículos 37 y 38, así como el 47, demarca las obligaciones que tiene el municipio en torno al cuidado de la prestación de los servicios públicos que son de su competencia. Facultades y obligaciones que le son, en esencia, encomiendas para la garantía, construcción y administración del derecho a la ciudad, aunque no se señale expresamente de esa forma.

Hablamos entonces de una correlación de derechos y obligaciones al momento que, por un lado, el Estado es el ente obligado a dar cumplimiento a una serie de servicios, acciones y disposiciones de garantía tales como servicios básicos y mecanismos administrativos para garantizar derechos humanos a través de sus diferentes instituciones y estructura. Pero, por otro lado, encontramos a toda persona que habita, disfruta, construye y abona lo común, la ciudad.

Esta persona, entonces, ingresa a dicha correlación de derechos y obligaciones al momento en que es receptora de derechos, pero portadora de obligaciones en contribución al Estado, para que este pueda hacerse de recaudaciones diversas a fin de dar cumplimiento a su propósito de lo que referiremos gobernabilidad, y que en los últimos años han apostado a nuevas denominaciones y referencias como lo es la gobernanza.

Es relación entre el Estado y el habitante, es parte de las dinámicas de lo común. No solo entre habitantes se construye y se mantiene lo público, las relaciones, las estructuras y los espacios, sino que convergen actores públicos, privados y civiles en la metrópoli; y ese es el verdadero sentido del derecho a la ciudad, las efectivas relaciones entre sus diferentes actores en el uso, goce y disfrute de la ciudad.

Cuando se estudia la ciudad, no basta con aterrizar ese estudio en una dimensión meramente jurídica para responder a las necesidades sociales; sin embargo, es una herramienta útil para comprender la noción política con los elementos de efectividad para aportar a este derecho (Correa, 2010, p. 133).

El derecho a la ciudad no solo es el derecho a una vivienda digna y decorosa, no solo es el abastecimiento de los servicios, aunque esto es indispensable para el goce de lo público y también lo privado; el derecho a la ciudad debe ser visto desde las condiciones de vida de sus habitantes, la pluralidad en esas condiciones de vida y su correlación entre esas condiciones. No solo es un sentimiento de tranquilidad y utilidad en y para la sociedad, también lo es la seguridad, y estas no dependen específicamente del ente estatal, sino de todas las personas que construyen la ciudad.

Si bien es cierto que para comprender y dimensionar más ampliamente el derecho a la ciudad se debe entender la tarea y la estructura del Ayuntamiento, también es cierto que se debe estudiar la apropiación, la habitabilidad y el disfrute de lo común. A la luz de los derechos humanos, la ciudad debe ser la garantía de todos los derechos que implican la inclusión, la no discriminación, la empatía, la búsqueda de erradicación de las fobias basadas en el ser humano y sus relaciones.

En un escenario de transversalización de los derechos humanos, el derecho a la ciudad no solo implica calidad en los servicios, diversidad e inclusión, sino sustentabilidad, accesibilidad y asequibilidad. Participación, igualad y perspectiva de género; es decir, una ciudad para todas las personas.

¿Cómo debe desarrollarse la ciudad?

Hablar de ciudad es hablar de metropolización de las soluciones en un contexto de crecimiento exponencial de centros de población, como bien se decía cuando fueron proyectadas obras de impacto vial como Avenida 8 de Julio (hoy Jesús Michel) y Prolongación Colón, en el caso del sur de la ciudad con Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapopan; así como demás políticas públicas y programas que implican la planeación conjunta de los diferentes gobiernos locales que comparten, además de la geografía, los mismos problemas y dinámicas sociales, y en ocasiones la misma prospectiva.

El crecimiento de las ciudades no siempre va acompañado de un desarrollo óptimo en relación a los servicios y dinámica económica que la sociedad demanda, por lo que es necesaria la planeación en términos locales y urbanos, siempre pensando a largo plazo.

• Siempre estar viendo hacia adelante [...], en nuestro contexto podemos decir que diez años es ya un largo plazo, y la ciudad no se puede entender más que con esa visión, y creo que en Tlajomulco se han dado esas condiciones desde la voluntad política con una visión a largo plazo...” (Luis Manuel Ochoa, Barrio, arquitectura y ciudad, 2020).

Asimismo, debe existir un replanteamiento de la planeación cuando se presenten fenómenos que puedan alterar cualquier tipo de dinámica que exista y que hayamos procurado, como la pandemia ocasionada por el COVID-19, que se ha traducido en una crisis de salud, así como crisis económica y que ha afectado prácticamente a todo el mundo, y nuestro país no es la excepción. En estos casos, el cambio de timón en la planeación es inminente.

En ese tenor, se debe seguir considerando el trabajo conjunto entre ciudadanos y gobierno, es decir, la sinergia del trabajo de ambas partes, propia de la gobernanza. Hoy más que nunca es fundamental la capacidad de resiliencia de las comunidades, y su capacidad de superación y adaptación ante coyunturas como la que estamos viviendo por la pandemia. “En Tlajomulco [...] la resiliencia en los próximos diez años va a terminar por ganar peso a la balanza [...] al contexto que se vive. Ellos mismos (las comunidades) son resilientes” (Luis Manuel Ochoa, Barrio, arquitectura y ciudad, 2020).

En Tlajomulco, al día de hoy creemos que la planeación y el desarrollo de la ciudad deben ir en varios sentidos para procurar un polo de desarrollo en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG):

• Ordenamiento territorial.
• Proyectos estratégicos de impacto metropolitano.
• Desarrollo económico local.
• Política de vivienda.
• Apoyo a la educación desde el ámbito municipal.

Ordenamiento territorial

Los instrumentos legales para la planeación deben ser las bases para el desarrollo de las ciudades, pues de estos documentos rectores depende el futuro sustentable, económico e industrial, de vivienda, de infraestructura y de movilidad.

En el caso de Tlajomulco, el instrumento de planeación en términos de ordenamiento del territorio es el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), donde se detalla qué Unidades de Gestión Ambiental (UGAS), es decir regiones geográficas dentro del municipio, podrían ser destinadas en lo posterior a actividades productivas y de vivienda, así como el aseguramiento de recursos para las generaciones futuras. De este documento dependen, desde luego, los planes parciales de desarrollo urbano, buscando no comprometer aquellas zonas que se deben conservar como áreas naturales.

Más adelante se detallan las características de este instrumento. Es importante no perder de vista que este documento representa una piedra angular en el crecimiento y desarrollo de Tlajomulco en los próximos años.

Proyectos estratégicos de impacto metropolitano

Jorge González, coordinador de Infraestructura y Servicios Públicos:

• Hubo cinco grandes rubros de infraestructura pública desde los que se manejó desde 2010 la planeación, con base en esos rubros se fueron generando una serie de proyectos que se han ido desarrollando en estos últimos diez años. En este punto, la mayoría de esos proyectos ya están realizados, ahora nos toca plantear estrategias para los próximos diez años y tenemos que partir de preguntarnos qué municipio queremos (2020).

El desarrollo de las ciudades depende en gran medida de obras inducidas con la finalidad de detonar actividades económicas en ciertos polígonos. Tlajomulco posee una ubicación geográfica privilegiada al sur del Área Metropolitana de Guadalajara, además de una extensión territorial muy basta, así como un bono demográfico que le permite atraer inversión privada de casi todos los sectores de la economía.

A pesar de la extensión territorial de Tlajomulco, que le ha permitido tener una vocación económica agrícola, en los últimos 20 años se ha experimentado una transición que ha ido paulatinamente con miras al sector industrial y de servicios. Prueba de ello son los parques industriales en distintos puntos, así como el asentamiento de sectores de la industria como Laboratorios PISA, Continental, entre otros, lo que se ha traducido en empleos para un porcentaje significativo de la población de nuestro municipio en edad de trabajar.

Esa tendencia implica la proyección de obras de impacto metropolitano, pues no debemos pasar por alto que Tlajomulco es el primer contacto con la ciudad en el lado sur, en lo que a rutas comerciales se refiere. Por ello, existe la propuesta que en el mediano y el largo plazo se inicie la construcción de obras como el Centro de Carga del Sur, que permitiría un desahogo de vehículos de carga pesada sobre avenida López Mateos, o el proyecto de la segunda Central de Abastos del Sur, que permitiría el abasto suficiente de alimentos a gran parte de la población metropolitana, que lograrían posicionar a Tlajomulco como un polo de desarrollo importante en la ciudad.

Es cierto que lo anterior conlleva a pensar en mayor seguridad y en nuevas políticas de transporte; sin embargo, las acciones que poco a poco se están concretando actualmente en términos de movilidad, transporte y seguridad, gracias al esfuerzo coordinado entre gobierno municipal y estatal, sentarán las bases para garantizar que trabajadores de los nuevos proyectos, como el centro de carga o la central de abastos, aseguren alternativas de traslado a los futuros centros de trabajo.

Existen, además, dos proyectos de obra de impacto significativo; por un lado, la unión de dos arterias principales del municipio, como López Mateos y Adolph Horn, a través de la Av. Poliducto; y por el otro, como ya se proyectó, la construcción de la Línea 4 del tren eléctrico urbano hacia la zona valle de Tlajomulco. La primera será una obra de infraestructura para el desarrollo económico en términos de movilidad; la segunda representa la reducción de los tiempos de traslado de trabajadores de la zona valle a centros de trabajo en Guadalajara o Tlaquepaque, lo que se traducirá en la mejora de la calidad de vida de miles de personas que invierten alrededor de cuatro horas diarias de su vida en traslados a sus trabajos. En ese sentido, se contemplan también otras obras de escala metropolitana como la segunda pista del aeropuerto, el nuevo centro logístico y el corredor mixto.

Jorge González, coordinador de Infraestructura y Servicios Públicos de Tlajomulco:

• En la obra pública lo que hacemos para asegurar que se dé continuidad a la estrategia inicial, sin importar quién gobierne, es dejar un banco de proyectos que han sido consensuados con la ciudadanía, priorizando los más importantes, así la nueva administración puede dar seguimiento a las necesidades de las personas. El Gobierno del Estado nos ha ayudado, porque emanó de Tlajomulco y sabe las necesidades que hay aquí, por ello los proyectos que se plantean concuerdan con lo que el municipio necesita (2020).

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco:

Lo que primero rompió contundentemente Tlajomulco fue la barrera de aislamiento del Área Metropolitana de Guadalajara, es decir, hoy la ciudad de Guadalajara se explica en mucho por Tlajomulco, el cambio de fondo en el modelo de desarrollo de la metrópoli tiene que ver con el cambio de modelo de desarrollo de nuestro municipio, entonces habiendo logrado eso con estos diez años de trabajo, lo que sigue es precisamente definir cómo será esta siguiente etapa; es cómo Tlajomulco va a jugar un rol en el modelo ciudad polinuclear que hemos definido para Guadalajara, es decir, cómo Tlajomulco no solo va a ser el sur de la ciudad, sino cómo va a consolidarse como un polo de desarrollo que logre generar los empleos, los servicios y todos los satisfactores que la gente necesita en el mismo municipio y yo creo que el pensar en Tlajomulco como una nueva centralidad metropolitana es sin duda el reto de los próximos diez años, y para ello hay cosas que se tienen que resolver y que son los retos inmediatos: el abasto de agua, la integración de Tlajomulco al sistema metropolitano, el transporte público, particularmente la construcción de la Línea 4, por supuesto el aprovechamiento de tener el Aeropuerto de Guadalajara en su territorio para poder consolidar un corredor logístico mucho más sólido de lo que ya es en este momento. Son temas en los que se va a tener que trabajar. Esta apuesta que hicimos desde el Instituto Metropolitano de Planeación para lograr que Guadalajara sea una ciudad que se mueva mejor, una ciudad más inteligente, una ciudad que logre ofrecer servicios de calidad a sus habitantes. Tlajomulco tiene que ser el ejemplo en ese sentido, debe consolidarse como una nueva centralidad metropolitana y debe de lograr resolver los pendientes que traemos en la prestación de algunos servicios públicos en lo que todavía falta mucho por hacer (2020).

Desarrollo económico local

Para incentivar el desarrollo sostenible de Tlajomulco, es necesario definir una agenda municipal de desarrollo económico, social y rural inclusivo, basada en políticas públicas que intervengan sobre las desigualdades estructurales y los nuevos desafíos derivados del cambio tecnológico y de la necesaria transición a una economía ambiental sostenible, con una perspectiva de derechos humanos, de igualdad de género y de ciclo de vida.

Es necesaria la generación de proyectos de inversión para incrementar el establecimiento de nuevas empresas y fuentes de empleo, priorizando la inversión en los sectores estratégicos agroindustrial, logístico, turismo, innovación y tecnología, con el fin de producir impacto desde lo local, potencializando las características y actividades de cada comunidad.

Dr. Christian M. Sánchez Jáuregui, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara:

• Si bien en los últimos dos censos económicos realizados por el INEGI se observa que Tlajomulco es el municipio de la metrópoli que ha tenido porcentualmente el mayor incremento, tanto de unidades económicas como de generación de empleos formales, las cifras oficiales también muestran que en la actualidad el municipio no ha dejado de ser un municipio dormitorio, eso explica una de las principales causas que ha propiciado el abandono de vivienda.
  Esta situación, sumada a los estragos económicos que ha dejado el COVID-19 tanto en el municipio como en el resto del mundo, es la principal agenda del municipio que debería de versar sobre el diseño y operación de un esquema de gobernanza pública desde la cual se pueda trazar un acuerdo estratégico para la competitividad de la economía y mejora del empleo en el municipio, con una prospectiva de por lo menos los próximos diez años (2020).

Como se decía en el apartado de proyectos estratégicos de impacto metropolitano, es necesario impulsar la vocación económica de las zonas estratégicas de Tlajomulco, poniendo especial atención en la gestión de rutas de transporte público hacia los parques industriales, a través de un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).

Por otro lado, es necesario restablecer la dinámica económica de aquellos sectores que pudieran estar en riesgo, tal es el caso de nuestros artesanos y pequeños productores agrícolas. Esto de manera gradual y por actividad. En el caso de los artesanos, se deben adoptar estrategias que les permitan promocionar y vender sus productos vía internet. Y en el caso de los productores agrícolas, se debe pensar en medidas que van desde la venta de sus productos en centrales de abastos, incluso fuera del AMG, hasta ferias agroalimentarias.

Otra acción importante que se debe contemplar en términos de economía local a futuro, es la reactivación de trámites y servicios municipales mediante un programa de mejora regulatoria que busque impulsar el desarrollo económico de conformidad con las disposiciones de los demás órdenes de gobierno para facilitar la creación y escalamiento de empresas, así como la digitalización de los procesos y regularización de los principales trámites municipales para el beneficio de los ciudadanos y empresas.

Política de vivienda

El ordenamiento del territorio es la piedra angular en términos de uso y aprovechamiento racional de los espacios, aquí la vivienda ocupa un espacio fundamental. Es cierto que hace alrededor de 20 años la inversión en este rubro creció exponencialmente, lo que ocasionó una sobredemanda de servicios públicos municipales, y a su vez, carencia en la prestación de los mismos, sin contar con el abandono de casas o simplemente la nula ocupación de las mismas, desde que fueron construidas.

Pese a lo anterior, los servicios públicos han estado ajustándose a las demandas de la población de Tlajomulco, y aunado a ello se han puesto en marcha políticas y programas, sobre todo para la ocupación de casas abandonadas, que van desde los convenios con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en gobiernos anteriores, hasta programas municipales recientes como el de Renta tu Casa, donde el gobierno municipal funge como gestor y aval, tanto del propietario como del inquilino. De tal manera que el propietario realiza un contrato de alquiler con el Instituto para el Mejoramiento del Hábitat Tlajomulco (IMHAB), quien será el encargado de pagarle la renta al propietario, y la vivienda se dará en cesión de uso a uno de los hogares beneficiarios que se inscriben en el programa. Este programa debe seguir funcionando, pues representa un beneficio para aquellos ciudadanos que de momento no pueden tener acceso (comprar) a una vivienda, pero también la política de vivienda debe replantearse en términos de facilitar el acceso (adquisición) de casas – en este caso, abandonadas– a los trabajadores que no necesariamente cuentan con un crédito directo con el INFONAVIT.

A estas alturas, la política de vivienda en Tlajomulco debe ir encaminada a la ocupación de casas en condición de abandono, y no en la construcción de más casas, al menos en los próximos diez años, pues de esta manera irían menguando paulatinamente los problemas de sobredemanda de servicios públicos y falta de transporte público, entre otros problemas urbanos, por la falta de planeación y el crecimiento exponencial de la población.

Apoyo a la educación desde el ámbito municipal

Es bien sabido que el crecimiento demográfico y urbano demanda a su ritmo servicios de salud, transporte, limpieza, alumbrado, etc.; pero no menos importante es la demanda servicios de educación, por lo menos básica. En Tlajomulco, donde se estima que a la fecha existen alrededor de 700 mil habitantes, los planteles de educación, si bien no son bastos, por lo menos cubren la demanda de niños en edad de ir a la escuela, es decir, población en un rango de edad de entre los 4 y los 18 años.

El crecimiento del AMG ha tenido implicaciones e incidencias urbanas en zonas de Tlajomulco y municipios como El Salto o Zapopan respecto al vocacionamiento económico, y desde luego, la educación y la profesionalización de la población. Tlajomulco era anteriormente un municipio rural por excelencia, pero poco a poco ha ido perdiendo esa vocación. Esto no significa que haya dejado de ser un municipio productor agrícola, pues todavía poco más del 30% de la superficie territorial está dedicada a cultivos y producción de alimentos. Sin embargo, cada vez son más los adolescentes y jóvenes que optan por una formación profesional muy diferente a la que hasta la fecha sigue vigente, es decir, pese a que existen planteles de educación superior de carreras enfocadas más a lo agrícola o ganadero, más jóvenes procuran formaciones encaminadas a otro tipo de servicios profesionales que poco tienen que ver con las actividades económicas del municipio.

Por lo anterior, desde hace poco más de diez años se planteó la posibilidad de instaurar un centro universitario de la Universidad de Guadalajara, y no fue hasta hace poco que ese sueño se pudo materializar con apoyos tanto del Gobierno de Jalisco, como de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy existe ya ese centro universitario, sin embargo, en los próximos años la demanda de espacios y carreras universitarias será mayor de la que existe a la fecha, por lo que es conveniente proyectar, en función de factores como la atracción de inversiones y la oferta de empleos por los posibles clusters, nuevos planteles de educación superior que permitan la profesionalización y calificación de capital humano para satisfacer las demandas de empleo, pero sobre todo, hacer un planteamiento a la Universidad de Guadalajara para que busque que el conocimiento se desarrolle al contexto, finalmente una universidad no solo instruye, sino transforma su realidad. “Tlajomulco tiene que seguir buscando preparatorias, universidades y capacitación tecnológica porque eso atrae a las industrias, abre un abanico a las empresas de personal que puede trabajar en sus industrias” (Juan Partida Morales, secretario de Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, 2020).

Tlajomulco: una ciudad sostenible y resiliente

Protección ecosistémica: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tlajomulco de Zúñiga

Estamos comprometidos por la preservación de nuestras áreas naturales. Por ello, creamos el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Tlajomulco de Zúñiga.

El POEL es el instrumento de la política ambiental que describe el medio físico natural con sus rasgos característicos a través de la utilización del territorio y de sus recursos naturales, específicamente fuera de los centros de población, estableciendo criterios de regulación ecológica. Es un instrumento de referencia para el desarrollo urbano.

Por otro lado, el POEL es parte de la planificación ambiental que en Tlajomulco queremos aplicar de la mano con las ciencias naturales y sociales para promover el desarrollo y la gestión ambientalmente racionales de los recursos naturales. Es un campo amplio, que une las disciplinas de geología, suelos, hidrología, ecología de plantas y vida silvestre, derecho y políticas públicas.

El conjunto de influencias externas que afectan la vida, el desarrollo y la supervivencia de un organismo es el medio ambiente. El ser humano depende del medio ambiente en el que habitan para su supervivencia y bienestar, es parte de una realidad ambiental, de los ecosistemas con los que interactúa y de los que se vale para su protección y subsistencia.

Es por ello por lo que, en Tlajomulco, la existencia de un medio ambiente sano, sin riesgos de desastres, limpio, saludable y sostenible, es fundamental para el bienestar de nuestros ciudadanos y las garantías del disfrute pleno de todos los derechos humanos que son inherentes a ellos, como se puede observar en el siguiente fragmento de entrevista a la activista social Tania Vázquez:

• Y entonces aquí, centrándonos en el municipio, con lo crítica que estoy te puedo decir que sí veo mejoras, porque casualmente en el tema que a mí me ha tocado estar, con lo que es el tema del bosque o incluso el horario restrictivo para carga pesada, si hubiéramos seguido la inercia de los otros gobiernos, yo creo que esto nunca hubiera pasado, yo creo que no hubiera pasado (2020).

En el esfuerzo por responder eficazmente a la contingencia por SARS-CoV-2, también es fundamental no perder de vista los objetivos de desarrollo regional a más largo plazo, y otros riesgos, como los climáticos. Desarrollar la resiliencia puede ayudar. También se pueden experimentar nuevas formas de trabajar, como podemos observar en este otro fragmento de la entrevista a Tania Vázquez:

• Ya no dañemos a Tlajomulco con temas de corrupción, ya no dañemos a Tlajomulco con devastaciones de nuestras áreas naturales, hay que darle conectividad y respetemos la individualidad de las personas. Pongamos todo de nuestra parte en el sentido de que cuidarnos entre nosotros es también cuidar nuestros bosques y ecosistemas naturales del municipio (2020).

Gestión de riesgos: gobernanza comunicativa y científica del riesgo

Este apartado busca explicar el trabajo de la gestión y la gobernanza del riesgo en Tlajomulco. La gestión del riesgo, según Allan Lavell (2006, p.13), ha sido en muchos casos la base de la evolución de la sociedad desde sus orígenes hasta la fecha, más en aquellas sociedades donde se logró encontrar formas eficaces de adaptación al ambiente o medio natural, a través de largos periodos.

Los riesgos, como constructos sociales, presentan niveles de complejidad que hacen difícil su gestión. Hablar de gestión de riesgo significa desarrollar una serie de medidas que permitan conocer y dimensionar todos los elementos relacionados con estos para poder hacerles frente, mitigar sus efectos o, en el mejor de los casos, anularlos.

De acuerdo con Lavell (2006), la gestión del riesgo hace referencia a un proceso social y político a través del cual las autoridades, junto con la sociedad, buscan controlar los procesos de creación o construcción de riesgos, o disminuir el riesgo existente con la intención de fortalecer los procesos de desarrollo sostenible y la seguridad integral de la población. Es una dimensión de la gestión del desarrollo y de su institucionalidad.

Dado que el desarrollo municipal de Tlajomulco de Zúñiga es un proceso social y político, reflejo del desempeño, en forma de la gestión pública y los actores económicos y sociales, la gestión del riesgo es también reflejo de este desempeño en forma de acciones integradas en los diferentes temas e instrumentos del desarrollo municipal; acciones que comprenden el conocimiento y manejo del riesgo, así como del manejo del desastre.

En Tlajomulco, gobernar y gestionar con éxito las situaciones de emergencia ha requerido de la toma de decisiones mediante la claridad en la comunicación y la identificación de responsabilidades. La gestión del riesgo, de acuerdo con Lavell (2002, p.8), no es simplemente bajar la vulnerabilidad, sino la búsqueda de acuerdos sociales para soportar los impactos o utilizar la productividad, sin eliminar la obtención inmediata de beneficios.

Por lo anterior, el desarrollo municipal de Tlajomulco ha reflejado el desempeño de la gestión pública, los actores económicos y la participación ciudadana, donde la gestión del riesgo ha estado contenida dentro de este proceso social y político. Aunado a ello, la gestión del riesgo en Tlajomulco se ha convertido en una práctica organizada e institucionalizada.

Es así que la gobernanza de riesgos ha requerido una fuerte capacidad institucional, recursos, formación y compromiso continuo por parte de todos. La gobernanza en Tlajomulco se refiere a las acciones, procesos, tradiciones e instituciones por las cuales se ejerce la autoridad y se toman e implementan decisiones. La gobernanza de riesgos aplica los principios de buena gobernanza a la identificación, evaluación, gestión y comunicación de riesgos.

Ante este escenario, la gobernanza del riesgo en Tlajomulco se ha presentado como un modo de gobernación que ha contado con la actuación e integración de la sociedad para hacer frente a los riesgos en un plan a largo plazo, como se puede observar en los siguientes fragmentos de entrevista a Guillermo Zepeda Lecuona, director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco:

• Las gestiones municipales, si bien comprenden de tres periodos, al inicio de la administración se está ejecutando el presupuesto de una planeación anterior, misma que con el cambio de gobierno es reemplazada y observa otras directrices, estrategias o líneas de acción, mismas que impactarán en el segundo año de gestión, pero en el tercero, con la gestión finalizando, en muchas ocasiones pierden observancia y se deja de lado el cumplimiento de objetivos y proyectos para dar paso a momentos electorales.
  
  
• Es importante pensar en una planeación de largo alcance en donde se haga uso de la prospectiva estratégica para que, a partir del estudio de escenarios futuros y de diagnósticos reales, las administraciones venideras se vean obligadas a resolver los problemas públicos previamente definidos y no pensar en planeaciones cortoplacistas que dejen de lado acciones de alto impacto (2020).

Es así como las diferentes situaciones de riesgo de desastre en las que se ha visto expuesto el municipio, han exigido un claro mandato para que el Gobierno, en conjunto con otros actores, se vieran implicados en el desarrollo de estrategias que eviten, reduzcan y busquen oportunidades que mejoren el nivel de vida.

Asimismo, se ha fomentado una nueva cultura aplicable en todo el municipio que ha adoptado la prevención de riesgos como un aspecto clave de la planificación eficaz y la comunicación focalizada, apoyada por mecanismos de rendición de cuentas orientados a lograr la transparencia.

Desde esta perspectiva, se plantea que la gestión del riesgo en Tlajomulco se debe de llevar a cabo a través de cuatro componentes: prevención, como conjunto de medidas anticipadas para evitar nuevos riesgos; mitigación, como políticas para reducir el riesgo; preparación y atención, orientadas a dar respuestas en casos de desastre; y rehabilitación y reconstrucción, llevadas a cabo después de un evento, y están orientadas al restablecimiento de un territorio luego de sufrir una crisis.

En Tlajomulco la gestión de riesgos ha sido un proceso muy claro y definido. El proceso que se ha implementado ha sido parte de una evolución y adaptación de un Tlajomulco resiliente. En conjunto, el Gobierno Municipal y actores de la sociedad civil han establecido una relación de cooperación que da una nueva mirada de coordinación a cada riesgo que se presente.

En términos generales, es posible observar que Tlajomulco ha reconocido la importancia de la gobernanza del riesgo como un proceso de múltiples niveles y actores. Asimismo, le ha dado importancia a la gobernanza como una herramienta para mejorar las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades y la necesidad de fortalecer la resiliencia a diferentes niveles.

En Tlajomulco se está construyendo un modelo de gobernanza del riesgo, analítica y deliberativa, en la que tanto la evaluación como la toma de decisiones en asuntos de riesgos se realizarán en un contexto de democracia participativa, entendida como aquella participación amplia de los interesados y afectados.

La proyección del riesgo a futuro: la pandemia por SARS-CoV-2 como motor de cambio

En Tlajomulco, la gestión y la gobernanza comunicativa y científica del riesgo es un componente para la adecuada protección del medio ambiente y la gestión local de la seguridad humana, ya que son condiciones imprescindibles para garantizar el respeto de los derechos humanos y el logro de un desarrollo sostenible para el municipio.

En la actualidad, la sostenibilidad del municipio dista de ser idónea, procesos como el desarrollo urbano, el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el exceso de la contaminación y la pandemia por el SARS-CoV-2, son eventos de graves consecuencias para la seguridad humana de la población tlajomulquense.

En conjunto, estos escenarios de riesgo obligan al Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga a replantearse cuáles son las acciones que debe implementar para la supervivencia y bienestar social de sus habitantes, como se puede observar en los siguientes fragmentos de entrevista a Guillermo Zepeda Lecuona, director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco:

• Vienen fuertes desafíos en relación con la economía, urgen medidas de apoyo a las unidades económicas locales, los pequeños negocios que son la mayor fuente de empleo, han sufrido desde el inicio de la contingencia y muchos de ellos ya se han extinto.
  
  
• Si bien no es atribución directa de los municipios, la generación de empleos es de suma importancia para el bienestar de las familias en el contexto de la emergencia sanitaria que se está viviendo, por tanto, se debería apoyar en el alcance municipal a los negocios a partir de esquemas de descuentos en contribuciones municipales (2020).

El escenario de desafíos y oportunidades que plantea la presente pandemia, de acuerdo con Luis F. Aguilar Villanueva (2020), es el redescubrimiento de la necesidad e importancia del gobierno, que es el único agente social con la capacidad de organizar a la sociedad para enfrentar un problema público letal y regular las conductas de la población a través de recomendaciones y prohibiciones, y que además dispone de un aparato coactivo para hacerlas efectivas, y de un sistema administrativo para atender a los ciudadanos afectados en su salud, empleo, ingresos, proyectos de vida.

Cabe agregar, que la efectividad directiva del gobierno se ha replanteado con fuerza en la emergencia sanitaria y ante el desplome económico, como se puede observar en el siguiente fragmento de entrevista a Eduardo López Moreno, de ONU-Hábitat:

• Tlajomulco, en algunas áreas de intervención, se convirtió en un ejemplo para México, porque plantea algo como un cambio de política fundamental en la estructura de gobernanza que tiene que ver con el municipio. Hasta hace unos años el municipio no fungía como lo que es, ahora es garante de los intereses colectivos de la población que reside en el municipio, y ustedes, con las acciones que implementaron con la vivienda en renta y con otras, retomaron no solamente el problema sectorial de la vivienda y lo que le atañe desde lo medioambiental y la seguridad (2020).

En Tlajomulco hemos requerido construir, y vamos a continuar construyendo de aquí al 2030, un centro de gobierno que responda a las crisis de manera humana, pero también uno que tenga la capacidad de gobernar con efectividad y controlar los problemas perjudiciales para la población civil, y como menciona Luis F. Aguilar Villanueva (2020), no es casual que en numerosos países la pandemia haya evidenciado las deficiencias, insuficiencias y ambigüedades de los gobiernos y haya agudizado la crítica social.

No obstante, las desigualdades entre los países y grupos sociales vulnerables deben ser abordadas desde la gobernanza y la confianza, para responder de una mejor manera a las necesidades de la ciudadanía, como se puede observar en este otro fragmento de entrevista a Eduardo López Moreno, de ONU-Hábitat:

• La gobernanza, como respuesta a la pandemia, debe estar basada en la reconstrucción de la confianza ciudadana, que plantea una interfaz nueva de una planeación de lo que sería la participación ciudadana. Y ese cambio de sociedad conlleva a la construcción de una noción nueva, casi una revolución de empatía conlleva a una visión de colectivismo y de trabajo de la identidad y que tiene que ver con toda esta construcción de identidad y de las respuestas, también tiene mucho que ver la articulación con los gobiernos nacionales y estatales (2020).

El motor de cambio que Tlajomulco tiene que orientar en la próxima década, debe estar basado en el involucramiento de los ciudadanos y construir una comunidad. La participación ciudadana durante estos cambios es fundamental. Ser claro y transparente con los ciudadanos, y comunicarse con frecuencia para comprender y gestionar las expectativas, será vital.

¿Cómo los municipios pueden responder, recuperarse y prosperar en la era de la pandemia?

El impacto asimétrico del SARS-CoV-2 en individuos, comunidades y regiones da una nueva urgencia a un enfoque basado en el lugar para el desarrollo regional y abordar las desigualdades territoriales. También ha reavivado el diálogo sobre políticas en torno a regiones resilientes. Esto significa, en primer lugar, asegurarse de que Tlajomulco pueda absorber, recuperarse y adaptarse al impacto económico, ambiental, político y social; para que podamos seguir satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y las empresas al menos tan bien, e idealmente mejor, que antes de la crisis.

La pandemia nos ha obligado, como gobierno municipal, a abordar urgentemente las desigualdades territoriales del municipio en un esfuerzo por impulsar la resiliencia y estar mejor preparados para futuros choques, independientemente de su naturaleza. Por ello, nos vimos obligados a repensar las estrategias de desarrollo regional para lograr un mejor equilibrio entre la productividad, la inclusión y el bienestar, ya que estos factores son parte de la ecuación del progreso social, como se puede observar en el siguiente fragmento de entrevista a Eduardo López Moreno, de ONU-Hábitat:

• El territorio como vector de cambio significa que tiene un cúmulo de efectos transformadores que muchos no ven, pero que se van reproduciendo y articulando, y eso me parece de una riqueza impresionante que valoramos totalmente. Entonces, en pocas palabras, a largo plazo sí vemos a Tlajomulco como un motor de cambio y de una visión renovada en desarrollo. Me gustaron mucho algunas intervenciones específicas que pude ver, por ejemplo, la del alcalde y la relacionada con la continua ocupación en la informalidad en este caso, incluso de grupo poderosos que también nos replantea un concepto diferente la informalidad no es de la pobreza, como muchas veces conceptualmente la asimilamos, es decir, asentamientos informales igual a informalidad (2020).

Otra parte es aprovechar las oportunidades que surgen del SARS- CoV-2, ya sea en digitalización, innovación o nuevas formas de trabajar con socios de gobernanza y ciudadanos. En última instancia, se está pidiendo a todos los niveles de gobierno que trabajen juntos de manera coordinada, coherente e idealmente colaborativa para diseñar y ejecutar políticas eficaces para esta crisis y más allá.

En suma, la gestión de la crisis requiere un grado de flexibilidad que nos permita dar respuestas territoriales diferenciadas, desde la primera respuesta hasta los planes de salida y las estrategias de recuperación a largo plazo, adoptando un enfoque basado en el lugar y adaptado a la preparación y las necesidades de las localidades específicas, como se puede observar en este otro fragmento de entrevista a Eduardo López Moreno, de ONU-Hábitat:

• En Tlajomulco hay que ver al territorio como un bien público fundamental, donde se distribuya el futuro de la población en la ciudad y si no se respetan los acuerdos fundamentales que tienen que ver con la construcción de una sociedad civilizada, y con la construcción de una alianza social y comunitaria. Yo veo esos cambios en esa dirección (2020).