Enojado, por momentos frustrado, pero dispuesto a dar batalla contra los abogados talibanes y ex funcionarios “abusivos” que en conjunto absorben recursos que se deberían aplicar en bacheo, alumbrado público y otros servicios, el alcalde de Tlajomulco se paró la mañana de este miércoles a los pies de la estatua de Miguel Hidalgo en la Plaza Liberación para exigir al Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, que revise y modifique el modelo de administración de justicia laboral en Jalisco.
El alcalde Alberto Uribe indicó que en días pasados fue requerido jurídicamente para pagar casi 3 millones de pesos a un funcionario de la Administración Antonio Tatengo (2009), de lo contrario podría enfrentar sanciones por desacato, la más severa, la destitución a su cargo.
Sin embargo, Uribe Camacho consideró que no se puede “despilfarrar el dinero público en mantener una mafia que hace saqueo sistemático a las arcas municipales, del área metropolitana”, en donde explicó, existen juicios presentados ante el tribunal de escalafón y arbitraje por más de dos mil millones de pesos, una cantidad que supera el presupuesto anual de Tlajomulco.
Además de hacer un llamado a los tres poderes mencionados, el mandatario presentó una denuncia ante la Fiscalía del estado para que investigue la posible comisión de delitos como fraude, falsedad de declaraciones y otros, contra de la administración de justicia, todos ellos en agravio del patrimonio del municipio que gobierna.
“Por eso presentamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, le pedimos al señor Fiscal, que él estuvo en contra de los abogados talibanes, nos ayude con estos sujetos, e investigue, para detener el saqueo del presupuesto municipal por medio de laudos laborales. No voy a permitir que los recursos del municipio enriquezcan a alguien y no se vayan a los servicios públicos”, señaló.
Dijo también que es insostenible el actual modelo de justicia laboral, comenzando por la designación de los magistrados, ya que uno de ellos es designado por el gobernador del estado, otro más por la federación de sindicatos, y un tercero, elegido en común acuerdo entre los dos árbitros.
Al Congreso le solicita que se suba a una discusión en la que participen universidades, colegios y barras de abogados, para diseñar un verdadero modelo de impartición de justicia y los integrantes de este tribunal se seleccionen bajo exámenes de oposición y agregó que los municipios no tienen dinero para regalarle a lo que calificó como una “máquina de corrupción que consume en dinero público”.
En Tlajomulco están en juego mediante juicios laborales, alrededor de 212 millones de pesos, dinero público que se pierde por la corrupción de algunos “que se irá para los abogados que dictan la sentencia, integrantes del Tribunal de Escalafón y Arbitraje, quienes se repartirán más del 40 por ciento” del cobro de cada cheque que salga a favor del demandante, recursos con el que se podrían construir 40 kilómetros de carretera con concreto hidráulico, seis escuelas públicas y cinco clínicas de salud para beneficio de Tlajomulco”.
Hizo señalamientos contra los abogados Miguel Ángel Gómez Partida, “que dice que tiene amigos en el Congreso del Estado, en los medios de comunicación, que no le pasa nada, que en cambio a mí me pueden destituir en el cargo, si no pago un laudo de 3 millones de pesos y quien lleva 48 juicios contra el municipio por un estimado de 40 millones de pesos, así como al litigante Benjamín Castillo Díaz, que da seguimiento a 31 juicios por más de 20 millones de pesos, a quienes les envío el mensaje directo, le decimos desde aquí que si quiere guerra, nosotros estamos dispuestos a darla para defender los intereses del municipio”.