Tlajomulco aprueba por unanimidad sumarse a la eliminación del fuero constitucional
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- ¡El que nada debe, nada teme!, Alberto Uribe Camacho.
Esta mañana en sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, se aprobó por unanimidad, sumarse a la modificación de los artículos 91, fracción ll, 99 primer párrafo, se deroga la fracción lll del artículo 41 y los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco, la cual establece la eliminación del fuero constitucional.
El fuero constitucional, es un privilegio de Senadores, Diputados, Presidente de la Republica, Gobernadores, Magistrados, Presidentes Municipales, Secretarios de Estado, Regidores, Auditor Superior, Fiscal, entre otros servidores públicos, contemplados en la constitución, que exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen: parlamento, Congreso o Asamblea. El termino es de uso coloquial o común y suele utilizarse como sinónimo de impunidad parlamentaria.
El Presidente Municipal Alberto Uribe Camacho, hablo de la importancia de este hecho histórico para Jalisco, dijo: “Como va estar bien que un servidor público tenga un régimen especial de protección, ante cualquier tipo de delito o infracción, evidentemente el pronunciamiento que hemos platicado nosotros, es a favor de la reforma constitucional y de retirar el fuero como se está proponiendo, y evidentemente en cuanto se logre la mayoría de los ayuntamientos, la reforma constitucional quedará en vigencia, por lo pronto la propuesta de nosotros y siendo congruentes con todo lo que hemos hecho y dicho en este gobierno, será a favor de que se retire el fuero a los diferentes servidores públicos, por que como dice el dicho ¡El que nada debe, nada teme! ”, concluyó de esta manera el alcalde Tlajomulquense.
Justicia y seguridad sin privilegios ni trato discriminatorio, son los principios que deben prevalecer en un auténtico Estado de Derecho, en el que la ley debe aplicarse a todos por igual, sin distingos ni privilegios, en cuanto a la función pública, esta debe entenderse como un servicio a la comunidad y no como una fuente de privilegios personales o de grupo, por lo que entonces, bajo esta premisa, nadie debe de estar por encima ni el margen de la ley; siendo necesario que se pueda proceder penalmente contra un diputado, magistrado, secretario de estado, presidente Municipal, por mencionar algunos, sin que previamente tenga que realizarse el procedimiento de declaración de procedencia, ni tenga que realizarse por conducto del Poder Legislativo, para quitar la inmunidad y sean directamente los jueces quienes tengan que conocer de los ilícitos conforme a la legislación penal correspondiente, si algún funcionario comete algún delito, entonces debe estar en posibilidad de comparecer ante las autoridades sin que con el fuero que hasta ahora algunos gozan, se vea empañada por la igualdad que pregona nuestra carta magna y pueda entonces aplicarse la ley por igual.